Sí, hay pobreza infantil (Pau Marí-Klose)

Congratulémonos de que el nuevo Gobierno haya decidido crear un Alto Comisionado para este problema

El 17 de octubre de 2017, coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, Emmanuel Macron declaraba que su Gobierno iba a implicar medios y esfuerzos para desarrollar una batería de políticas de lucha contra la pobreza infantil. Ese plan iba a ser pilotado por Olivier Noblecourt como delegado interministerial encargado de desarrollar un programa de actuaciones que, luchando contra la pobreza infantil, permitiera favorecer la igualdad de oportunidades en la vida, una obsesión declarada del liberalismo progresista de Macron.

El proyecto de Macron no parece uno más, destinado a quedar enterrado junto a otras contorsiones gimnásticas estériles que se ven obligados a ejecutar los dirigentes para ganarse el favor de la ciudadanía en una democracia de audiencias. Se inspira en discursos y experiencias que, en otros países, han acreditado notable eficacia en la reducción de la pobreza infantil y la atenuación de problemas de exclusión social. Conecta con corrientes de fondo que, desde organismos internacionales, think tanks progresistas y la esfera académica, llevan años insistiendo en que los recursos destinados a infancia, además de equitativos resultan rentables.

La razón principal es que permiten capitalizar el talento natural de niños pobres, que de otra manera se hubiera echado a perder. Gracias a estas “inversiones sociales”, niños que de otra manera no hubieran podido desarrollar todo su potencial terminan convirtiéndose en adultos productivos que realizan contribuciones a su sociedad y ahorran gasto público en políticas de bienestar correctivas o paliativas. De estos niños que han visto mejoradas sus condiciones de partida cabe esperar mayores aportaciones fiscales, mayores competencias en el desempeño de sus empleos, mayor potencial para innovar y aportar creatividad en la economía del conocimiento. En definitiva, mayor productividad y capacidad para contribuir a la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar. Por otra parte, prevenir situaciones de vulnerabilidad económica en la infancia ahorra costes. Los efectos corrosivos de la pobreza sobre las personas a lo largo de la vida son de sobra conocidos. La pobreza afecta al bienestar inmediato de la infancia, pero también deja cicatrices sobre su salud, que redundan en costes sanitarios. Estos efectos se pueden prevenir en buena medida. También se pueden prevenir costes relacionados con situaciones de desintegración, marginación y fractura social provocadas por la pobreza y la desigualdad. El enquistamiento de situaciones de pobreza genera desafección, que deriva muchas veces en tensiones sociales, socavando las bases de confianza y convivencia en que se fundamentan nuestros sistemas sociales y políticos. Son costes difíciles de calibrar, porque afectan a algo tan difícilmente aprehensible como la cohesión social. Pero se materializan en gasto público, volcado en servicios sociales, o incluso en la industria de la seguridad ciudadana. Como recuerdan los investigadores Richard Wilkinson y Kate Pickett, las sociedades más desiguales gastan más recursos para protegerse frente a amenazas reales e imaginadas provocadas por la pobreza: policías, seguridad privada o instituciones penitenciarias.

Se han puesto cifras a los costes totales de la pobreza infantil. Lo han hecho distintas investigaciones en EE UU. Marc R. Rank, en un estudio reseñado recientemente en The New York Times, los estimaba en el 5,4% del PIB. Es probable que en España el impacto sea menor. Pero imagínense las posibilidades económicas que abriría reducir un coste como este a una cuarta parte, o a la mitad.

Es algo que posiblemente haya imaginado Macron en Francia el pasado octubre. O Tony Blair en 1999, cuando lanzó un ambicioso plan para erradicar la pobreza infantil en 20 años. Su plan no se saldó con todo el éxito que esperaba, pero en los casi diez años que permaneció en el poder la pobreza infantil relativa cayó un 16%, más que en ningún otro país de la OCDE en ese periodo, y la pobreza absoluta se redujo a la mitad. Todo ello con interesantes efectos positivos colaterales sobre otros indicadores de bienestar infantil, salud y progreso educativo. Reducir la pobreza infantil en esa magnitud en España, donde las tasas de pobreza infantil están disparadas, es imperioso. Por justicia, por decencia, porque es una exigencia en las nuevas economías globales del conocimiento. Congratulémonos de que el nuevo Gobierno haya decidido abanderar esta causa con la creación del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil.

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