La otra fecha para recordar (Antón Costas)

Article d'Antón Costas publicat al diari La Vanguardia

Los dirigentes independentistas quieren convertir el 1 de octubre en una fecha histórica equivalente al 11 de septiembre. Para los convocantes esa consulta no legal emitió un mandato popular para avanzar hacia la independencia unilateral. Pero ni la participación ni los resultados –por otro lado no validados por ningún órgano electoral independiente– apoyan ese pretendido mandato.

En todo caso, para comprender el panorama político catalán hay otra fecha para recordar. Es la del 7 de septiembre. Ese día la mayoría parlamentaria independentista rompió todas las reglas democráticas –tanto las constitucionales como las del Estatut, del Parlament y de sus órganos consultivos– y dieron un golpe parlamentario con la llamada ley de desconexión. Los grupos constitucionalistas abandonaron la Cámara y no participaron en la votación. Y aunque la izquierda de Catalunya Sí que es Pot permaneció en la Cámara, uno de sus componentes, Joan Coscubiela, lanzó una denuncia clarividente: “Cuando se pisan los derechos de cualquier grupo, se pisan los derechos de todos los ciudadanos de Catalunya. No se dan cuenta de la gravedad de lo que están haciendo, están cogiendo el gusto al autoritarismo”.

Recordar hoy la forma de aprobación y el contenido de esa ley produce, cuando menos, sonrojo democrático. Supongo que con el paso del tiempo también lo sentirán algunos de los que la apoyaron. Su contenido coincide con lo que convencionalmente llamamos populismo político autoritario: poner todas las instituciones políticas independientes (como el poder judicial) y las instituciones públicas (como la policía o los medios de comunicación) bajo la dependencia única del poder político.

Hasta esa fecha el llamado problema catalán podía verse fundamentalmente como un conflicto político con el Estado. Pero a partir de ese momento se transformó prioritariamente en un conflicto interno de convivencia. Matiz que los independentistas quieren olvidar, pero que es una realidad. Al querer imponer por la vía de los hechos consumados la unilateralidad los dirigentes independentistas están suponiendo una superioridad moral a su opción que nunca han podido explicar.

Esa fecha tuvo un efecto político importante que los unilateralistas no quieren ver. Quebró el consentimiento implícito que los no independentistas habían prestado a la hegemonía política que el nacionalismo de Jordi Pujol había mantenido desde las primeras elecciones autonómicas de 1980. Esa hegemonía no fue sólo el resultado de los votos nacionalistas sino también del consentimiento implícito que los no nacionalistas le dieron confiando en que no rompería la convivencia ni el pluralismo político interno. De ese consentimiento participaron los partidos estatales y los gobiernos de España. El llamado pacto del Majestic de 1996 entre Jordi Pujol y José María Aznar es una buena muestra. El gobierno de Aznar dejaba gobernar sin estorbar a Convergència en Catalunya a cambio de su apoyo en el Parlamento nacional.

Ese consentimiento se rompió el 7 de septiembre. La evidencia fueron dos hechos relevantes. El primero, la gran manifestación no independentista del 8 de octubre del 2017, que obligó al presidente Puigdemont a reconocer que había otra Catalunya. El segundo, el hecho de que Ciudadanos se convirtió en el primer partido político en el Parlament de Catalunya.

Cabría esperar que esos dos hechos hubiesen hecho reflexionar a Carles Puigdemont acerca de la conveniencia de no seguir la vía unilateral. Pero no ha sido así. Tanto las formas autoritarias utilizadas como el resultado del congreso del PDECat del pasado fin de semana lo confirman. La nueva Crida Nacional se ha llevado por delante al independentismo moderado de la dirección del PDECat. Y quiere, además, volver a someter a ERC a sus dictados.

La premonición de Joan Coscubiela el 7 de septiembre va camino de cumplirse. A pesar de las buenas intenciones del manifiesto fundacional –defensa de la democracia, la no violencia y la transitoriedad–, la Crida de Puigdemont se encamina hacia el caudillismo autoritario. Busca sustituir la democracia de los partidos por una democracia orgánica apoyada en movimientos populares. No sé si el objetivo es dividir a la sociedad en dos mitades irreconciliables y meternos en la política de trincheras, pero ese será el resultado probable. La historia de los años veinte y treinta nos advierte de esos peligros. Especialmente cuando se encuentra con una sociedad débil, atemorizada y enrabiada dispuesta a aceptar caudillismos.

Una ideología excluyente puede servir para alcanzar objetivos políticos pero no para hacer una sociedad mejor. La primera resistencia al caudillismo de Puigdemont tendría que venir de ERC. Pero sólo la sociedad catalana, en sucesivas elecciones, puede acabar con esta peligrosa deriva.